LA EXTRADICIÓN DE LOS "PARAS"

Extradición de 'paras' impide
esclarecer sus crímenes:
Comisión Interamericana de
Derechos Humanos

Por: SERGIO GÓMEZ MASERI, Corresponsal de EL TIEMPO, Washington, mayo 14 de 2008.

"Afecta -además- la obligación del Estado colombiano de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación" por sus crímenes, agrega la CIDH.

"La extradición impedirá la investigación y el juzgamiento de graves crímenes", "cierra las posibilidades de participación directa de las víctimas en la búsqueda de la verdad" e "interfiere con los esfuerzos por determinar los vínculos entre agentes del Estado y estos líderes paramilitares", de acuerdo con el organismo hemisférico.

El siguiente es el texto del comunicado:

Washington, 14 de mayo de 2008 - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la extradición de líderes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que limita seriamente el esclarecimiento de graves crímenes perpetrados durante el conflicto armado en Colombia.

El martes 13 de mayo, el Estado informó sobre la extradición a los Estados Unidos de 14 líderes paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso, "Jorge 40" y "Don Berna" para ser juzgados por delitos de narcotráfico. Las personas extraditadas se habían acogido a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, destinada al juzgamiento de los crímenes cometidos contra la población civil por miembros de grupos armados al margen de la ley en Colombia.

La Comisión observa que esta extradición afecta la obligación del Estado colombiano de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación de los crímenes cometidos por los grupos paramilitares. La extradición impide la investigación y el juzgamiento de graves crímenes por las vías establecidas por la Ley de Justicia y Paz en Colombia y por los procedimientos criminales ordinarios de la justicia colombiana. También cierra las posibilidades de participación directa de las víctimas en la búsqueda de la verdad sobre los crímenes cometidos durante el conflicto y limita el acceso a la reparación del daño causado. Asimismo, este acto interfiere con los esfuerzos por determinar los vínculos entre agentes del Estado y estos líderes paramilitares.

La CIDH ha dado estrecho seguimiento al proceso de desmovilización en Colombia desde su inicio, con base a un mandato del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a sus competencias conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este marco, ha expresado en numerosas oportunidades la importancia de que el Estado garantice el derecho de las víctimas del conflicto armado a la verdad, la justicia y la reparación.

¡Se fueron!

Editorial de El Tiempo, 14 de Mayo de 2008. Redactor de EL TIEMPO.

Las imágenes de los 14 hombres de la cúpula paramilitar que sembraron el terror en vastas regiones de Colombia, cargados de cadenas subiendo la escalerilla de un avión de la DEA, serán sin duda de las más memorables entre las muchas del conflicto armado colombiano. Ver a Mancuso, 'don Berna', 'Jorge 40', 'Gordo Lindo' y otros jefes de las autodefensas extraditados a Estados Unidos es uno de esos actos del presidente Álvaro Uribe tan potentes e impredecibles como definitivos.

Los motivos citados por Uribe para adoptar la sorpresiva y drástica medida son el cúmulo de incumplimientos de los compromisos que los desmovilizados comandantes de las autodefensas adquirieron cuando aceptaron someterse a la Ley de Justicia y Paz y por cuenta de los cuales sus extradiciones estaban en suspenso.

Según el Gobierno, había evidencia de que seguían delinquiendo desde prisión por medio de retaguardias que dejaron activas y estaban burlando a la Justicia a la hora de confesar sus crímenes y entregar sus propiedades, un proceso que llevaban a cabo a ritmo de cuentagotas. La medida despeja dudas con respecto a supuestos pactos secretos entre Uribe y los jefes paramilitares, de los que mucho se habló cuando se inició la desmovilización, pero abre al mismo tiempo interrogantes sobre aspectos centrales del proceso de Justicia y Paz, como son los de la verdad y la reparación de las víctimas. De lo que no cabe duda es de que la medida fue bien recibida por todos los colombianos que cuestionaban que los autores de atroces crímenes y matanzas no recibieran adecuado castigo (por la Ley de Justicia y Paz habrían salido en 3 o 4 años).

Aunque no sea por violación de derechos humanos, sino por narcotráfico, que es el delito que más interesa a E.U., lo previsible es que los jefes 'paras' sean condenados a largas penas en prisiones donde les resultará imposible seguir conspirando, amenazando y delinquiendo. La medida también es un duro golpe a la estructura paramilitar, sobre la cual ejercían notoria influencia. Todo lo cual no oculta, a su vez, que esta extradición masiva revela un enorme fracaso del proceso de Justicia y Paz en lo que se refiere a los grandes jefes paramilitares. Para no hablar de la inoperancia de las cárceles, desde donde continuaban delinquiendo.

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No deja de ser un tanto incoherente que quienes antes denunciaban que Uribe no extraditaba a los jefes paramilitares por los compromisos que había adquirido con ellos, ahora lo cuestionen por hacerlo y hablen de una cortina de humo para tapar el escándalo de la 'parapolítica' y el caso Yidis.

Pero, más allá de los opositores de oficio que le dan palo a Uribe porque boga o porque no boga, hay temas que inquietan. Es explicable la preocupación de las víctimas con respecto a que, con los principales jefes de las Auc en Estados Unidos, no se conozca plenamente la verdad de los innumerables crímenes que cometieron, ni haya la debida reparación. La justicia gringa se interesa más en kilos de cocaína que en motosierras y palabras como parapolítica o reparación apenas si le preocupan, en el marco de los procesos por narcotráfico que motivaron esta extradición.

El Presidente y el Fiscal General han dicho que recibieron garantías de Washington de que fiscales del país podrán viajar a Estados Unidos e interrogar allí a los extraditados de manera amplia. Entre otras cosas, para que cuenten quiénes fueron sus cómplices en distintos sectores de la sociedad, en especial en la política. También confían en que los bienes y dineros que entreguen a la justicia norteamericana con el propósito de reducir sus penas sirvan para resarcir a las víctimas del paramilitarismo.

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Pero del dicho al hecho hay largo trecho. Más allá de las intenciones del gobierno colombiano e, incluso, de sus acuerdos con su homólogo de E.U., los jefes paramilitares quedan ahora a disposición de jueces que se caracterizan por su independencia constitucional, y a los que el Departamento de Justicia apenas si puede hacer 'sugerencias'. Y no hay que olvidar que los mecanismos de cooperación judicial de Estados Unidos con Colombia son lentos, complicados y a veces simplemente inoperantes.

Para no ir lejos, en el caso de Chiquita Brands, la multinacional bananera acordó hace más de un año con el Departamento de Justicia de E.U. pagar una multa de 25 millones de dólares por entregar 1,7 millones a los 'paras' en Urabá. Pero la Fiscalía colombiana no ha conseguido que le envíen los datos que necesita para procesar a los ejecutivos de E.U. involucrados, con lo que el proceso, aquí, podría precluir. Y de los 25 millones de la multa, las víctimas en Colombia no han visto un solo dólar.

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Tanto el Gobierno como la Fiscalía deben realizar los mayores esfuerzos para que lo acordado con Washington no se quede en el papel. Además, deben aprovechar que estos personajes ya no están en Colombia en posición de perturbar la tarea de la Justicia, para quitarles de manera pronta y efectiva sus bienes y utilizarlos también para la reparación de las víctimas.

Sólo si las autoridades colombianas tienen éxito en estas tareas, y si además los herederos de estos personajes también son perseguidos, podrá decirse que la decisión de extraditar a los 14 líderes de las Auc, que en principio camina en la dirección correcta, llegará a ser todo lo efectiva que exige el enorme daño que ellos le hicieron al país.

editorial@eltiempo.com.co

Extradición masiva:
un duro mensaje al mundo

Por: José Guillermo PalacioEditor Hechos Políticos EL COLOMBIANO, mayo 14 de 2008

La extradición en bloque de varios de los jefes desmovilizados de las ex Auc es un mensaje categórico al mundo por parte del presidente Álvaro Uribe Vélez, en el sentido de que el Gobierno se la juega por la transparencia, la defensa del Estado de Derecho y de que no habrá consideraciones, caiga quien caiga.

Ahondando en la medida, en la evaluación y posterior decisión, queda claro que el Estado no puede tener miedo y no puede dejarse acobardar cualquiera sea el enemigo que tenga al frente.Ahora, desde la otra orilla, queda en el país la reacción de furia, un sentimiento perfectamente humano, de alias Jorge Cuarenta, quien al enterarse de que le abrían la puerta del penal para enviarlo a otro más gris y profundo, gritó, “hp. nos traicionaron”.

Analistas y los mismos abogados defensores de las autodefensas, coinciden en que el proceso de paz pasa a segundo plano y que pese a sus múltiples dificultades, el mismo era una demostración de paz de unos grupos que llegaron a tener más de cuarenta mil hombres en armas, que coparon numerosos territorios en los que ejercieron las tareas de un gobierno que consideraban lejano e invisible y que nunca fueron derrotados militarmente.

En consecuencia, se corre el riesgo de la posible reestructuración de algunos de estos grupos, retaliaciones o acciones de desespero de sus seguidores. El desafío del Estado es alto, nada será gratuito y las reacciones serán múltiples. Tampoco se puede ignorar que la organización de autodefensas sigue siendo fuerte en muchas zonas del país y que si bien en el pasado sus líderes ejercían control por las armas, luego de la desmovilización mantuvieron un trabajo social y político fuerte.

Una de las primeras reacciones de sectores críticos del Gobierno fue que la extradición era una forma de callar a las cabecilla, análisis que hay que sopesar, por cuanto no está dentro de las condiciones de la medida de extradición ni entre sus consecuencias el hecho de que se queden callados.

Otro hecho, las posibilidades de un acuerdo de paz con estos u otros alzados en armas podrían quedar nulas, en el aire. La sensación para las Auc es que las traicionaron, mientras que la argumentación del Gobierno es que no estaban cumpliendo con el proceso de paz y que había de por medio la posibilidad de que quien violara la ley de justicia y paz podía salir del proceso.

De todas formas, hay una cosa para pensar: quedan cuatro por fuera, Ernesto Báez, Ramón Isaza, Julián Bolívar y Freddy Rendón, (alias “El Alemán”), este último de la línea Carlos Castaño, quien tiene a su hermano (Don Mario) en armas y tratando de ganar protagonismo en espacios que antes coparon los desmovilizados.

A nivel nacional, el proceso de justicia y paz prácticamente quedaría como borrón y cuenta nueva. Ahora los desmovilizados llegan a un estado, que como otros estados negocia, pero con énfasis especial en el tema del narcotráfico. Aunque con la extradición el Gobierno deja claro y así lo dijo con el envío de Carlos Mario Jiménez (alias “Macaco”), que en la medida se tuvo en cuenta a las víctimas, en territorio estadounidense a estas personas no las podrán juzgar por hechos que cometieron en Colombia.

Quedan interrogantes, ¿por qué si estaban delinquiendo no le entregaron sus procesos a la justicia ordinaria?, ¿se consolidará una nueva estructura paramilitar?, ¿cuánto tiempo tardó el Gobierno para hacer un seguimiento a las acciones que estarían realizando los desmovilizados desde las rejas para enviarlos en bloque a Estados Unidos? ¿cuánto tiempo tendrán que esperar las víctimas para saber la verdad de todos los hechos ocurridos en los años de dominio de las autodefensas? ¿acudirán las víctimas a tribunales internacionales en busca de la verdad y sitios donde quedaron sus muertos?...

Fueron extraditados porque
no decían la verdad:
Presidente Uribe

Por: Colprensa, Bogotá. El Colombiano, mayo 14 de 2008

La reinserción en el delito cobijados por los beneficios de justicia y paz, no cooperar debidamente con la justicia en confesar la verdad de sus crímenes y no cumplir con la reparación a las víctimas, fueron los motivos en que el Gobierno nacional sustentó su decisión de extraditar a 13 ex jefes desmovilizados de las autodefensas la madrugada de este miércoles y que según el Presidente Álvaro Uribe, es la muestra de que "la ley de justicia y paz continúa".

En una alocución presidencial, seis horas después que el avión con los jefes ‘paras’ partiera con rumbo a Estados Unidos, el Jefe de Estado se dirigió al país y explicó, en compañía de la cúpula militar y su gabinete de Gobierno, que "algunos de ellos habían reincidido en el delito, después de su sometimiento a la ley de justicia y paz. Otros no cooperaran debidamente con la justicia y todos incumplían con la reparación a las víctimas al ocultar bienes o demorar su entrega".

Uribe dijo que existe un acuerdo de cooperación con el Gobierno estadounidense para que el proceso de reparación no termine con esta extradición masiva de paramilitares. "Los acuerdos de cooperación judicial con los Estados Unidos, facilitan el intercambio de pruebas y la práctica en ese país por parte de las autoridades colombianas. Los Estados Unidos han reiterado su compromiso con esos puntos".

Aclaró que "el país ha sido generoso con ellos, pero no puede permitir reincidencia en el delito, incumplimientos con la norma legal, falta de elaboración veraz y eficaz con la justicia o ausencia de compromiso en la reparación a las víctimas".

De hecho, Uribe manifestó que en este punto el Gobierno "ha pedido y los Estados Unidos han aceptado, que puedan enviar representantes a los juicios que se adelantan en aquel país a fin de continuar en la búsqueda de la verdad sobre los delitos cometidos, en su mayoría antes de este Gobierno".

Enseguida manifestó su interés en que el sea el Estado el encargado de continuar con la facultar de postular y retirar postulaciones a la Ley de Justicia y Paz , "también debe mantener la facultad de apreciar si una persona beneficiada con la suspención de envió al extradición ha cumplido o incumplido con las condiciones exigidas", manifestó Uribe.

Para el mandatario colombiano, el proceso de paz con las autodefensas deberá servir como marco para eventuales acuerdos de cese de hostilidades y acontecimientos de paz con las guerrillas: "que los procesos de paz del futuro con las guerrillas, no sean menos estrictos que el actual proceso. Que los procesos de paz del futuro con las guerrillas, sean procesos de impunidad como sucedió en el pasado".

Y recordó que las guerrillas fueron "los maestros que enseñaron a los paramilitares a penetrar las instituciones democráticas y asesinar a periodistas, sindicalistas, y a tantos colombianos con el resultado de millones de familias abatidas en el luto y la tristeza (...) Recuerden que los paramilitares son hijos de la violencia guerrillera y el descuido del Estado".

Seguimiento a bienes

Con la extradición de los ex jefes de las autodefensas, el Presidente sostuvo que el seguimiento a sus propiedades continuará por parte de las autoridades colombianas, y que dichas riquezas pasarán al fondo de reparación a las víctimas del conflicto armado.

"La Policía Judicial, fiscales y jueces, perseguirán e incautarán todos los bienes para reparar a las víctimas para que haya propósito absoluto para este cometido", dijo Uribe e invitó a los colombianos para que denuncien bienes de propiedad de extraditados o desmovilizados "para facilitar la extinción de dominio y la reparación. Conminamos a los testaferros a acercarse a la Fiscalía a entregar bienes que figuran en su propiedad y que en realidad fueron ilícitamente adquiridos por criminales".

Reparaciones antiguas

Dentro del discurso pronunciado por Uribe, hizo énfasis en la necesidad de que "exista una memoria histórica" construida desde la confesión de anteriores procesos de paz que no exigieron la confesión de la verdad.

Así, el mandatario manifestó que "quienes se desmovilizaron en anteriores procesos de paz, también deben decir la verdad para contribuir a la memoria histórica y evitar que se repita en el futuro la tragedia que estamos superando en el presente (...) Quienes se desmovilizaron en anteriores procesos de paz, deben reparar las víctimas al menos moralmente, ya que económicamente no lo hicieron. Tampoco se les exigió".

Luego pidió que la tutela no sea utilizada para eliminar la extradición, que según Uribe se ha impuesto con el dolor y la sangre de tantos magistrados, jueces, funcionarios y ciudadanos del común. "Invitamos a las víctimas a evitar que algunos de sus voceros se alíen con asesinos para eludir la extradición", dijo.

Por último recordó que el Gobierno ha extendido su interés en las víctimas, motivo por el cual recientemente expidió un decreto para destinar 7 billones de pesos para la reparación de esta comunidad.

A juicio por narcos,
¿y por paras qué?

Por: Claudia López, Columnista El Colombiano, mayo 14 de 2008

Detrás de la decisión del Gobierno nacional de extraditar a los ex jefes de las autodefensas hay tres consecuencias importantes:

Una es el fin del proceso de negociación que el Gobierno adelantó con los paramilitares. Es evidente que este proceso fracasó y esta es, digamos, la salida a ese fracaso.

Lo segundo es que se acabó la parapolítica. Extraditaron a todos los testigos, luego este proceso también se acabó.

Puede que esta no sea la causa de la decisión, pero es un efecto clarísimo. Si fue o no la intención es difícil de establecerlo, pero el efecto es que no hay más testimonios ni fuentes ni pruebas. La justicia colombiana se acaba de quedar sin medios probatorios para el proceso de la parapolítica.

Y lo tercero, en materia de orden público seguramente va a ser una coyuntura difícil porque hay una cantidad de bandidos armados o que se van a armar y se presentarán vendettas por la sucesión de posiciones en el negocio del narcotráfico, hasta que se consoliden unos nuevos jefes.

La decisión más dura, y la primera que la ley preveía que se debía tomar, en caso de que siguieran delinquiendo, como ellos lo venían haciendo, es que perdieran los beneficios de Justicia y Paz.

Obviamente no podía el Estado y la sociedad dejarse burlar por unos señores que prometieron cumplir unas condiciones y no lo hicieron.

La consecuencia de este incumplimiento era pasarlos a la ley ordinaria donde se exponían a sentencias de hasta 60 años de cárcel, como la que le acaban de imponer al teniente Carvajal, en el caso de Jamundí, por una masacre. Imagínense entonces los procesos y las sentencias a las que ellos hubieran estado expuestos.

La decisión más dura que el Gobierno podía y debía tomar en relación con los ex jefes de los paramilitares, si habían seguido delinquiendo, era pasarlos a la justicia ordinaria y por allí juzgar todos sus delitos comunes y de lesa humanidad, que son la prioridad.

Tanto la justicia nacional como la internacional tenían un criterio en torno a que prevalece el juzgamiento de delitos de lesa humanidad sobre los de narcotráfico y por eso tenían que pasar a la ley ordinaria, pero aquí lo que el Gobierno está diciendo es que prevalecen los delitos de narcotráfico sobre cualquier otro y esto va a provocar que las víctimas acudan a las instancias de jurisdicción internacional porque es evidente que el Estado colombiano fue incapaz de impartir justicia frente a sus delitos y a los derechos de las víctimas.